¿Cómo se inicia el Procedimiento sancionador ordinario?

El procedimiento sancionador ordinario en España se inicia a raíz de una presunta infracción administrativa, es decir, cuando una persona o entidad ha cometido alguna conducta que va en contra de la normativa vigente, ya sea a nivel estatal, autonómico o local. Este procedimiento está regulado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por las leyes específicas de cada ámbito normativo.

El inicio del procedimiento sancionador ordinario puede ser de oficio, es decir, a instancia de la Administración Pública, o a solicitud de parte, es decir, a raíz de una denuncia o reclamación de un particular. En el primer caso, la Administración Pública tiene la facultad de iniciar de oficio el procedimiento sancionador cuando tiene conocimiento de una posible infracción, ya sea por medios propios o a través de terceros. En el segundo caso, cualquier persona puede presentar una denuncia o reclamación ante la Administración Pública, instando a que se inicie el procedimiento sancionador por la presunta infracción cometida.

Una vez que se inicia el procedimiento sancionador, la Administración Pública tiene la obligación de notificar al presunto infractor la apertura del expediente sancionador, así como los hechos que se le imputan y la normativa aplicable. En esta notificación, se le otorga al presunto infractor la oportunidad de formular alegaciones y presentar pruebas en su defensa.

Tras la notificación, se lleva a cabo la instrucción del procedimiento, que incluye la práctica de pruebas, la comparecencia de las partes involucradas, la elaboración de informes técnicos, entre otros actos. Una vez culminada la instrucción, se redacta un informe con la propuesta de resolución, en el que se detallan los hechos probados, se valora la responsabilidad del presunto infractor y se propone la sanción correspondiente.

Finalmente, se dicta la resolución del procedimiento sancionador ordinario, en la que se recoge la decisión definitiva sobre la imposición o no de la sanción, así como la cuantía de la misma. Esta resolución debe ser debidamente fundamentada y notificada al presunto infractor, quien tiene el derecho a interponer los recursos correspondientes, como el recurso de reposición o el recurso contencioso-administrativo, en caso de estar en desacuerdo con la resolución adoptada.

 
Para iniciar el procedimiento sancionador ordinario, se deben seguir los siguientes pasos de acuerdo con las leyes españolas:

1. Notificación de inicio: La autoridad competente notificará al posible infractor la apertura del procedimiento sancionador y le informará sobre los hechos que se le imputan, la normativa que se considera infringida y las sanciones que podrían aplicarse.

2. Audiencia al posible infractor: Se le dará al posible infractor la oportunidad de presentar alegaciones, pruebas y aportar toda la documentación que considere oportuna en su defensa.

3. Instrucción del expediente: La autoridad competente llevará a cabo la instrucción del expediente sancionador, recabando pruebas, realizando las investigaciones necesarias y, si es el caso, practicando los informes periciales correspondientes.

4. Propuesta de Resolución: La autoridad competente formulará una propuesta de resolución motivada, que contendrá la calificación de los hechos probados, la infracción que se imputa y la sanción que se propone.

5. Trámite de audiencia: Se concederá al posible infractor un plazo para que formule las alegaciones que estime pertinentes en relación con la propuesta de resolución.

6. Resolución: La autoridad competente resolverá el procedimiento sancionador, dictando la resolución que considera finalizando el procedimiento.

Estos son los pasos generales que se seguirán para iniciar el procedimiento sancionador ordinario en España, aunque podrían variar ligeramente dependiendo de la legislación específica aplicable en cada caso.